Después de décadas de gestación, el supuesto acuerdo de libre comercio de la UE con el bloque Mercosur de países sudamericanos parece encaminarse a una decisión final. Esta semana, se espera que la Comisión Europea envíe el texto del tratado —junto con un acuerdo comercial modernizado con México— a los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo para su aprobación.
El argumento económico en favor del acuerdo debería ser evidente. Representaría el mayor acuerdo formal de libre comercio de la UE y profundizaría de manera significativa las relaciones comerciales en un momento en que tanto Europa como varios países del Mercosur sufren los efectos del agresivo nacionalismo económico del presidente estadounidense Donald Trump.
Aún más importante, demostraría la capacidad de las partes para llevar adelante estrategias geopolíticas autónomas y no limitarse a seguir el compás de la Casa Blanca. Para la UE en particular, sería la prueba de que su pretensión de liderar el orden comercial basado en reglas —seriamente dañada cuando el mes pasado aceptó la extorsión de Trump en forma de un “acuerdo” que violaba las normas— no es mera palabrería.
A diferencia de la serie de vagos y efímeros apretones de manos que concluye Estados Unidos bajo Trump, el acuerdo UE-Mercosur es auténtico. Es jurídicamente vinculante, liberalizador en serio y está actualizado con las preocupaciones ciudadanas gracias a los compromisos que incluye en materia de clima, medioambiente y otros valores sociales y éticos.
Hasta ahora, sin embargo, la política parroquial europea ha puesto obstáculos al acuerdo. Los agricultores europeos han protestado enérgicamente contra la apertura de los mercados de la UE a productos agrícolas latinoamericanos como el pollo y la carne vacuna —sobre todo en Francia, donde la política agraria tiene un carácter casi totémico. La resistencia francesa carga con buena parte de la responsabilidad de que haya llevado tanto tiempo negociar un tratado de tanta importancia económica y de que no haya habido urgencia en impulsar su ratificación.
Si Bruselas finalmente decide dar ese impulso esta semana, el texto pasará al Consejo de Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo para su aprobación. El destino del acuerdo en esos foros es incierto. Además de Francia, Polonia se ha pronunciado en contra del texto en su forma actual. Irlanda, los Países Bajos y Austria han expresado objeciones en el pasado. Pero incluso si todos ellos votaran en contra, las normas de mayoría cualificada implican que el acuerdo se aprobaría en el Consejo. Solo si Italia —otro país vacilante— se uniera a los opositores, el tratado sería rechazado. Sin embargo, como gran exportador manufacturero y agroalimentario, Italia tiene mucho que ganar con el acuerdo.
La Comisión ha trabajado para atender las preocupaciones de los escépticos, en particular mediante la promesa de un fondo de compensación para los agricultores afectados. Pronto se verá si esto basta para restar apoyos a la oposición y asegurar la aprobación del tratado. Pero la Comisión acierta al forzar la decisión en lugar de esperar un consenso esquivo. El Consejo y el Parlamento, asimismo, no deberían prolongar más el proceso, sino otorgar al acuerdo una rápida votación.
La importancia estratégica de avanzar con este tratado comercial, especialmente en el contexto global actual, debería convencer a suficientes opositores de abandonar su resistencia y permitir que el acuerdo salga adelante. Francia, en particular, ha sostenido durante mucho tiempo que la UE debe convertirse en un actor geopolítico más fuerte en el mundo. Concluir este acuerdo contribuiría a materializar esa ambición.
Más allá de los beneficios sustantivos que aportaría, aprobar este tratado representa una prueba de la capacidad de decisión de la UE, que el bloque no debería desaprovechar en un momento de máxima presión contra la cooperación internacional basada en reglas. Si no es ahora, ¿cuándo?
Editorial del Financial Times
Traducido mediante ChatGPT y supervisado
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