Hace pocas horas se conoció que el gobierno de Bélgica logró evitar que la administración regional de Valonia de ese país vete la aprobación del acuerdo integral económico y comercial (CETA, por sus siglas en inglés) entre la UE y Canadá que se terminó de negociar en los últimos meses.
Como se sabe, para que entre en vigencia, el convenio debe ser aprobado por los parlamentos de los 28 países que integran la UE y por los de cada una de las provincias canadienses. Este es un proceso que puede durar un par de años, como mínimo.
Si el parlamento valón no hubiera dado vuelta su oposición, Bélgica no lo podría haber aprobado, creando una situación en la que un órgano legislativo que representa a poco más de 3 millones de habitantes hubiera desbaratado un acuerdo que beneficia a 550 millones de habitantes de la UE. Y, al mismo tiempo, habría creado el fantasma de que el bloque europeo no puede negociar más acuerdos de este tipo.
Afortunadamente, el episodio pudo superarse.
En tanto, hoy los diarios informan que el acuerdo fue rubricado en el fin de semana por los titulares del Consejo Europeo y del gobierno canadiense. Ahora comienza el largo proceso de aprobaciones parlamentarias.
La situación en la que se encuentra la negociación entre el Mercosur y la UE hace que estos sucesos deban ser seguidos con la máxima atención.
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