McDonald’s (EE.UU.) presentó una demanda contra Cargill, JBS, Swift Beef Company, National Beef Packing Company (Marfrig) y Tyson Foods alegando que conspiraron para fijar precios vía la limitación del suministro.
De acuerdo a la presentación judicial, McDonald’s alega que las compañías, desde tan temprano como 2015, se pusieron de acuerdo a través de un contrato, una combinación o una conspiración, para restringir las operaciones en violación de la ley Sherman (Sherman Act).
Esas empresas son las principales cinco productoras y procesadoras de carnes de Estados Unidos.
De acuerdo a ese mismo documento, la finalidad de la conspiración fue fijar, elevar, estabilizar y/o mantener el precio de la carne vendida y que tal fin fue efectivo y logrado.
También sostiene que estos líderes frigoríficos han explotado su rol esencial en el proceso de comprar ganado para controlar colusivamente la determinación de precios aguas arriba en la compra de hacienda y aguas abajo en la venta de carne.
La denuncia aporta un testigo, un ex empleado de Swift Beef Co.
McDonald’s reclama tres veces los daños resultantes de la violación de la legislación antitrust como así también el reembolso de todos los costos de la demanda, incluyendo los honorarios de los abogados. También pidió al tribunal detener de manera permanente la conspiración entre los acusados.
Hasta aquí tomamos una información muy detallada escrita por Krissa Welshans y publicada por Beef Magazine sobre la denuncia, que fue presentada en estos días.
Como comentario adicional, debemos decir que, tras muchos años de conocer el modus operandi de McDonald’s, algo muy importante debe haber cambiado en la relación entre éste y sus proveedores de carne para que una política de vieja data, como la de trabajar con horizontes de largo plazo, haya mutado de esa manera con esta denuncia.
Otra aclaración conveniente es que este juicio involucra a empresas operando en EE.UU.
Entendemos que la operación de McDonald’s en Latinoamérica, en manos de Arcos Dorados como franquiciado principal y que actúa en 20 países de América latina y el Caribe, no está vinculada a este reclamo.
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